México ahora tiene una de las reformas aduaneras más grandes en más de una década. El Diario Oficial de la Federación publicó una actualización profunda de la Ley Aduanera que no solo ajusta trámites y conceptos, sino que cambia la manera en que funciona prácticamente toda la operación de comercio exterior en el país. Ya no estamos hablando de simples modificaciones de forma: esto es un rediseño completo del ecosistema aduanero, pensado para hacerlo más estricto, más tecnológico y mucho más controlado.
Aunque puede sonar lejano para quienes no trabajan directamente en comercio exterior, la realidad es que esta reforma impactará a todos: importadores, exportadores, agentes aduanales, transportistas, almacenes, empresas IMMEX… y hasta consumidores que dependen de la logística para recibir productos del extranjero. Más que explicar, conoce qué significa esta reforma en la vida real, qué cambia, por qué cambia y cómo puede afectarte.
¿Qué se publicó en el DOF?
El decreto publicado en el DOF reforma, adiciona y deroga una larga lista de artículos de la Ley Aduanera. No es una reforma menor: son decenas de ajustes que abarcan temas tan distintos como tecnología, vigilancia, responsabilidades legales, régimen de recintos fiscalizados, importaciones temporales, tránsito, sanciones, permisos, consultas, precios estimados, mensajería, depósito fiscal, y un nuevo esquema de supervisión institucional que moverá muchas piezas dentro del sector.
La reforma entra en vigor el 1 de enero de 2026, pero varios cambios comienzan antes, lo cual obliga a las empresas a prepararse desde ahora. En pocas palabras, lo que se publicó es un paquete de transformaciones que busca cerrar brechas, digitalizar procesos, centralizar decisiones y endurecer la fiscalización para reducir contrabando, desvíos de mercancía y abusos en programas como IMMEX o depósito fiscal.
El decreto también redefine la relación entre los actores clave: agentes aduanales, agencias, recintos, transportistas, almacenes y empresas certificadas.
Los cambios más importantes de la reforma
Si algo deja claro este decreto es que la nueva política aduanera de México quiere más control, más trazabilidad y más responsabilidad compartida. La autoridad ahora exige sistemas tecnológicos avanzados, vigilancia continua, monitoreo en tiempo real y documentación más detallada para casi cualquier operación. Las aduanas operarán bajo estándares más altos y con mayor capacidad de seguimiento, lo cual impacta directamente en los tiempos, los costos y los requisitos para importar o exportar.
Otra gran transformación está en la manera en que se autoriza, supervisa y sanciona a quienes operan en el ámbito aduanero. Los recintos fiscalizados, las agencias y los agentes tendrán que demostrar mayor solvencia, profesionalismo y controles internos. Al mismo tiempo, las sanciones por incumplimiento suben de manera considerable y se amplía el catálogo de conductas que pueden llevar a embargos, suspensiones o cancelaciones.
Finalmente, la reforma redefine varios regímenes clave: importaciones temporales, depósito fiscal, tránsito interno, RFE y otros procesos sensibles. Lo que antes era manejado con cierta flexibilidad ahora tendrá plazos estrictos, requisitos ampliados y consecuencias mucho más severas en caso de errores, omisiones o inconsistencias.
El nuevo Consejo Aduanero: ¿Quién lo integra y qué decidirá?
Uno de los cambios más importantes, es la creación del Consejo Aduanero. Este órgano se convierte en la nueva “mesa de control” que tendrá voz y voto en decisiones que antes dependían solo de la Secretaría de Hacienda o del SAT.
El Consejo estará integrado por representantes del SAT, la Agencia Nacional de Aduanas de México, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Todos tendrán voto, y en caso de empate, quien presida tendrá el voto de calidad. Y aunque suene burocrático, este paso es enorme: ahora las decisiones sobre otorgar, prorrogar, suspender o cancelar patentes de agentes aduanales y autorizaciones de agencias aduanales pasarán obligatoriamente por este grupo.
Esto implica que procesos que antes dependían del análisis administrativo ahora tendrán una capa adicional de revisión institucional. En la práctica, significa procesos más largos, más estrictos y difíciles de influenciar. También se vuelve una pieza clave para interpretar criterios, revisar casos delicados y sugerir cuándo iniciar procedimientos contra agentes o agencias.
En pocas palabras: el Consejo será el filtro, la lupa y el semáforo del nuevo sistema aduanero mexicano.
Agentes aduanales: requisitos más estrictos, nuevas obligaciones y más riesgo
Esta reforma redefine lo que significa ser agente aduanal en México. La patente ahora tendrá vigencia de veinte años, con posibilidad de prórroga por otro veinte. Sin embargo, esa prórroga solo será posible si el agente mantiene una trayectoria limpia, con certificaciones obligatorias cada tres años y sin incurrir en múltiples suspensiones.
A partir de ahora, ser agente aduanal implica demostrar confiabilidad no solo técnica sino también psicológica. Los nuevos exámenes incluyen evaluaciones de conocimientos, pruebas psicométricas y protocolos de confiabilidad que antes solo se aplicaban en áreas sensibles del gobierno y fuerzas de seguridad. Además, el agente debe garantizar que sus clientes cumplan con regulaciones, tengan documentos válidos, infraestructura, identidad comprobable y no estén vinculados con entidades irregulares. Si no verifica, él también es responsable.
El riesgo también aumenta: varios errores que antes se resolvían con multas ahora pueden llevar a suspensión o cancelación de la patente. Errores de clasificación, documentos incompletos, clientes no localizados, incumplimientos de permisos o incumplimientos en regímenes temporales ahora pueden escalar mucho más rápido y con consecuencias más severas. En pocas palabras: esta reforma convierte al agente aduanal en un operador con altos estándares de responsabilidad y riesgo legal.
Agencias aduanales: capital, responsabilidades y cambios en su vigencia
Las agencias aduanales también cambian de manera importante. Para empezar, la autoridad exige mayor solidez financiera: deberán demostrar un valor de activo fijo superior al monto establecido en la ley y mantenerlo de manera permanente. También se obliga a que los directivos y representantes legales cumplan con estrictos requisitos, similares a los del agente aduanal, incluyendo no aparecer en listas negras del SAT y contar con una trayectoria fiscal limpia.
La vigencia de las autorizaciones ahora dependerá de la patente con mayor tiempo de los agentes que integran la agencia, lo que formaliza la relación entre ambas figuras. Al mismo tiempo, se vuelven más estrictas las causales de suspensión o cancelación. Cualquier error grave, omisión en contribuciones, falta de documentos, operaciones no verificadas o relaciones con contribuyentes listados por el SAT pueden activar procedimientos inmediatos.
Esto coloca a las agencias en un entorno donde deberán mejorar sus sistemas de control interno, revisar a detalle la operación de cada uno de sus agentes y fortalecer la supervisión de clientes y documentación. La autoridad busca cerrar puertas a operaciones dudosas y elevar la calidad del despacho aduanero en México.
Recintos fiscalizados, RFE y almacenes generales de depósito
Los recintos fiscalizados y los recintos fiscalizados estratégicos ahora tendrán una carga tecnología y operativa mucho más pesada. La ley exige sistemas electrónicos robustos que integren inventarios, vigilancia, trazabilidad, monitoreo en tiempo real y acceso remoto para la autoridad. Es un salto importante hacia el control absoluto de las mercancías dentro de los recintos.
También se endurecen los tiempos. Las mercancías destinadas a depósito fiscal deberán llegar al almacén dentro de un plazo máximo de veinte días naturales después de concluir el despacho. Si no llegan a tiempo y no se acredita fuerza mayor, automáticamente deberán cambiarse a importación definitiva y pagarse las contribuciones y cuotas compensatorias. Esto elimina vacíos que antes permitían extender artificialmente el tiempo de permanencia y reduce los márgenes de maniobra en operaciones complejas.
Los almacenes también adquieren mayor responsabilidad sobre sobrantes, faltantes y cartas de cupo. Cualquier inconsistencia puede generar sanciones o impedir que sigan emitiendo cartas de cupo, lo que afectaría directamente su operación y reputación.
Cambios a importaciones temporales
La reforma modifica por completo varios tipos de importaciones temporales. En el caso de los programas IMMEX y actividades de maquila, ahora se exige mayor documentación sobre procesos productivos, trazabilidad interna y evidencia de que los insumos realmente se sometieron a elaboración, transformación o reparación. Si no se comprueba el destino declarado, se considera que se omitieron contribuciones, lo que implica multas, recargos y posibles sanciones penales.
Para embarcaciones, aeronaves y casas rodantes, los plazos se alargan, pero bajo condiciones más estrictas. Se exige documentación vigente, certificaciones, registros ante marinas turísticas y controles adicionales para demostrar que la mercancía está cumpliendo la finalidad declarada. Además, se aclara que los petrolíferos quedan excluidos completamente del régimen temporal, cerrando una ventana que había sido usada para operaciones irregulares.
Otro punto importante es que, si se cancela un programa IMMEX, la empresa solo tendrá sesenta días naturales para cambiar la mercancía a importación definitiva o retornarla, lo que exige una gestión mucho más rápida y ordenada.
Ajustes al tránsito interno y transporte
El tránsito interno también recibe ajustes importantes. La autoridad ahora puede determinar provisionalmente contribuciones sin necesidad de usar las tasas máximas de la Ley, lo que le da más flexibilidad para evaluar riesgos. Se vuelve más estricto el catálogo de mercancías que pueden moverse en tránsito y se amplía la responsabilidad del agente aduanal al formular pedimentos con errores de clasificación o NICO.
En transporte, el CFDI con complemento Carta Porte gana relevancia como documento indispensable para acreditar legalidad del traslado. Además, muchas de las obligaciones ahora se aplican también a empresas transportistas registradas para movimiento hacia recintos fiscalizados estratégicos. Esto apunta a una mayor vigilancia de carreteras y rutas logísticas, buscando reducir desvíos y contrabando.
Embargo precautorio, PAMA y facultades de autoridad
La autoridad gana facultades más amplias para ejecutar embargos precautorios y desarrollar el PAMA. Se agregan nuevas causas de embargo, especialmente relacionadas con incumplimiento de regulaciones, mercancías prohibidas, mercancía temporal no localizada o mercancía no dirigida a los domicilios registrados.
Los procedimientos también cambian: se fijan plazos más claros para resolver y se establecen reglas para destrucción, donación o asignación de mercancías perecederas, animales vivos, peligrosas o que representen un riesgo. La autoridad además podrá asignarlas o transferirlas con mayor agilidad a dependencias, entidades o instituciones autorizadas, eliminando demoras que antes complicaban el destino de mercancía embargada.
Las notificaciones también se vuelven más estrictas: si el contribuyente no señala correctamente su domicilio, la autoridad podrá notificar conforme al Código Fiscal, lo que acelera los procedimientos y reduce pretextos por errores de ubicación.
Multas y sanciones: aumentos históricos y nuevas conductas sancionables
Esta es quizá la parte más contundente de la reforma. Las multas suben a niveles que no se habían visto en México. Muchas conductas ahora se penalizan con montos equivalentes al 250% o hasta el 300% del valor comercial o del valor en aduana. Esto cubre desde incumplimiento de permisos hasta mercancías prohibidas, incumplimientos en temporales o retorno, errores graves en clasificación o faltantes en depósito fiscal.
Además, se agregan sanciones específicas para empresas de mensajería que abusan del procedimiento simplificado, y para quienes operen sin cumplir estándares tecnológicos o sin seguir las reglas de entrada y salida por lugar distinto al autorizado. También se refuerzan las multas para agentes y agencias aduanales que no cumplan con las nuevas obligaciones de verificación, documentación, certificación y solvencia.
La reforma deja claro que México quiere reducir las operaciones dudosas, y que el costo de incumplir será tan alto que no valdrá la pena arriesgarse.
¿A quién afecta esta reforma?
Aunque la Ley Aduanera suele parecer un tema lejano o exclusivo para especialistas, esta reforma toca a prácticamente todo el ecosistema del comercio exterior. Los primeros afectados son, por supuesto, los importadores y exportadores, quienes verán nuevas obligaciones tecnológicas, controles más estrictos, mayor detalle documental y procesos de vigilancia más rígidos. Pero no se quedan solos: los agentes aduanales, agencias aduanales y recintos también enfrentan un antes y un después, porque la norma les exige operar con estándares mucho más altos y asumir responsabilidades que antes no estaban tan claras.
Las empresas IMMEX, los transportistas, los recintos fiscalizados estratégicos, los almacenes generales de depósito y las empresas de mensajería experimentarán cambios directos en sus operaciones diarias. Cada movimiento deberá estar respaldado por trazabilidad, sistemas electrónicos confiables y documentación impecable. Incluso los consumidores y negocios que dependen de compras internacionales notarán ajustes, porque la logística será más estricta y los tiempos podrían volverse menos flexibles en algunos casos.
En resumen, esta reforma no distingue tamaños ni sectores: afecta por igual al gran corporativo, a la maquiladora, al operador logístico, al agente aduanal independiente y hasta al emprendedor que importa mercancía por paquetería. Es un rediseño amplio que redefine cómo circulan los bienes en México.
¿Qué deben empezar a hacer las empresas desde ahora?
El peor error sería pensar que esta reforma puede “esperar a 2026”. La mayoría de los cambios requieren preparación inmediata. Las empresas, sin importar su tamaño, necesitan revisar sus procesos internos, actualizar sus sistemas de control, reforzar sus expedientes, electrónicos y asegurarse de que su información cumpla con estándares mucho más estrictos y asegurarse de que su información cumpla con estándares mucho más estrictos. Cada área del negocio que toca el comercio exterior (compras, logística, almacén, contabilidad, transporte, cumplimiento legal) debe entender qué cambia y como impacta en su operación.
Es indispensable evaluar si la infraestructura tecnológica con la que se cuenta realmente soporta los niveles de trazabilidad y monitoreo que ahora exige la autoridad. También conviene revisar a los proveedores críticos: agentes aduanales, transportistas, almacenes, mensajería, operadores logísticos y hasta las empresas encargadas de documentación. Un eslabón débil del lado de un tercero puede poner en riesgo toda la operación.
Además, será necesario actualizar contratos, manuales internos y procedimientos de cumplimiento. La reforma amplía obligaciones y sanciones, por lo que los responsables de comercio exterior deberán capacitarse, pero también deberán capacitar a todo el personal involucrado. El cumplimiento ya no será un tema de una sola persona o departamento: será parte de toda la cadena operativa.
Fechas clave y entrada en vigor
Aunque la entrada en vigor general está prevista para el 1 de enero de 2026, la reforma no se activa en un solo día. Algunas disposiciones comienzan antes, otras dependerán de la emisión de reglas, y algunas más entrarán en operación conforme la autoridad habilite sus sistemas tecnológicos. Esto significa que 2025 será un año de transición obligada para empresas, agentes y recintos.
La velocidad con la que se publique la reglamentación secundaria marcará el ritmo de preparación. La Agencia Nacional de Aduanas y el SAT deberán emitir reglas adicionales para detallar procedimientos, plazos intermedios y requerimientos específicos. En otras palabras, 2025 será el año para actualizar sistemas, probar procesos, hacer pilotos internos y corregir fallas antes de que la autoridad pueda sancionar bajo el nuevo marco.
Lo que sí es seguro es que el margen de maniobra será cada vez menor a medida que se acerque el arranque oficial. Las empresas que tomen esto en serio desde ahora llegarán preparadas; quienes lo dejen para el final enfrentarán mayores riesgos, mayores costos y la posibilidad real de interrupciones en su operación.
Lo esencial que debes tener claro sobre esta reforma
Si hubiera que resumir esta reforma en una sola idea, sería esta. México está entrando a una etapa de aduanas más controladas, más tecnológicas y con menos tolerancia a la improvisación. La autoridad quiere trazabilidad total, información verificable, operaciones transparentes y actores más profesionales. Por eso se elevan los requisitos, se endurecen las sanciones y se fortalece la coordinación institucional a través del nuevo Consejo Aduanero.
Nada de esto es opcional. La ley coloca a cada participante de la cadena logística en un nivel más alto de responsabilidad. Ya no basta con entregar papeles, confiar en terceros o asumir que la autoridad “no revisará”. Ahora cada operación deberá tener un sustento sólido, registros precisos y sistemas que puedan demostrarlo en cualquier momento. Y las consecuencias de fallar ya no serán simples multas: hablamos de embargos, cancelaciones de programas, pérdida de autorizaciones y sanciones de gran impacto económico.
Lo importante es verlo como una oportunidad para profesionalizar procesos, modernizar sistemas y blindar la operación. Las empresas que se entiendan estas reglas, que actualicen sus herramientas y que trabajen de la mano con sus socios logísticos podrán adaptarse sin sobresaltos. Las que no, inevitablemente se quedarán atrás en un entorno cada vez más regulado y competitivo.
Una nueva era para las aduanas en México
La reforma publicada en el DOF no es un ajuste menor ni una actualización más dentro del ciclo natural de cambios normativos. Marca el inicio de una nueva era en la que las aduanas mexicanas operarán con estándares más altos, una visión más tecnológica y un enfoque de control mucho más profundo que el que se había visto en décadas. Para quienes participan en el comercio exterior, este nuevo escenario exige dejar atrás cualquier práctica improvisada y adoptar una cultura de cumplimiento mucho más seria, transparente y documentada.
La clave estará en la capacidad de adaptación. Las empresas que entiendan el cambio lo incorporen en sus procesos y trabajen con socios confiables tendrán una ventaja competitiva real, porque el nuevo marco premia la claridad, la trazabilidad y la solidez operativa. Por el contrario, quienes mantengan esquemas laxos, sistemas obsoletos o documentación incompleta se encontrarán rápidamente fuera del ritmo del mercado y bajo el escrutinio de la autoridad.
México busca con esta reforma reducir riesgos, combatir el contrabando, mejorar la competitividad y modernizar la logística del país. No será un cambio sencillo ni inmediato, pero sí uno necesario para alinear al país con las tendencias internacionales y con la complejidad actual del comercio global. Lo importante ahora es prepararse a tiempo, entender el alcance de cada cambio y asumir que el comercio exterior ya no volverá a operar como antes. Esta es la nueva realidad aduanera, y adaptarse no es opcional: es la única forma de seguir avanzando.
